Revisión
La
Academia y su Responsabilidad en la Cultura Tributaria
The Academy and its Responsibility in Tax Culture
* Cevallos
Zambrano, Iván Agustín
ORCID:
https://orcid.org/ 0000-0001-6647-0257
*
Juez
Distrital Contencioso Tributario Quito, Ecuador
Contacto:
*
ivan.cevallos@funcionjudicial.gob.ec
Recibido: 04-04-2023
Aceptado: 10-05-2023
Resumen
La
importancia de los impuestos para la sostenibilidad fiscal del Ecuador no es
conocido por la mayoría de los ciudadanos, sin embargo, los impuestos son una
fuente crucial de ingresos para el Estado, que se utilizan para financiar programas
y servicios públicos. El objetivo de esta investigación fue poner a discusión
el deber de los ciudadanos y principalmente de la academia en desarrollar una
cultura tributaria. Las personas deben entender que los impuestos son
necesarios porque proporcionan el sostenimiento de servicios públicos como la
salud, la educación, la infraestructura, bonos de solidaridad y más, estos son
pagados por aquellos que tienen actividad económica, ingresos o ganancias. Esto
se puede lograr a través de la educación en todos los niveles de enseñanza a
los ciudadanos sobre su deber cívico de contribuir al mantenimiento del estado.
Se concluye que, la cultura tributaria debe desarrollarse en todo el proceso
enseñanza aprendizaje, porque es esencial para el buen funcionamiento de
cualquier sociedad, pero no es suficiente por sí sola; debe ir de la mano con
la recaudación efectiva y eficiente de impuestos, la transparencia en el uso de
los fondos fiscales y la rendición de cuentas del Estado.
Palabras
clave: Cultura tributaria,
tributo, impuestos, educación, academia.
Abstract
The importance of taxes for Ecuador's fiscal
sustainability is not known by the majority of citizens. However, taxes are a
crucial source of income for the state, which is used to finance public
programs and services. The aim of this research was to discuss the duty of
citizens and especially academia in developing a tax culture. People should
understand that taxes are necessary because they provide the support for public
services such as health, education, infrastructure, solidarity bonuses, and
more. These are paid by those who have economic activity, income or profits.
This can be achieved through education at all levels of teaching citizens about
their civic duty to contribute to the maintenance of the state. It is concluded
that the tax culture must be developed throughout the teaching-learning process
because it is essential for the proper functioning of any society. However, it
is not sufficient on its own; it must go hand in hand with effective and
efficient tax collection, transparency in the use of fiscal funds, and
accountability of the state.
Keywords: Tax culture, tribute,
taxes, education, academia.
Introducción
La recaudación de impuestos es esencial
para el funcionamiento de cualquier sociedad moderna. Sin embargo, en el
Ecuador al igual que muchos países, existe una cultura tributaria insuficiente,
lo que resulta en una baja recaudación, generando una falta de financiamiento
para proyectos y servicios públicos. Ante esta realidad, es necesario analizar
el papel que juega la academia en el desarrollo de una cultura tributaria
efectiva y responsable en la sociedad ecuatoriana.
Esta investigación busca aportar a la
discusión sobre la responsabilidad de la academia en el desarrollo de la
cultura tributaria, a través de una revisión teórica que permita analizar desde
la conceptualización, su relación con la recaudación de impuestos y la
importancia de su fomento para la estabilidad económica y democrática de la
sociedad.
Asimismo, se pretende analizar la relación
entre la academia y el fomento de una cultura tributaria responsable. La
importancia de este estudio radica en que el fomento de una cultura tributaria
responsable como lo plantean Constante Mendoza (2022) y Pirela
Espina, (2022) no solo beneficia a la sociedad en términos de recaudación de
impuestos, según Guevara y Villacis (2021) y Andrade Donoso y Cevallos
Caza (2020) también contribuyen a fortalecer el Estado de derecho y la
democracia, al garantizar que todos los ciudadanos cumplan con sus obligaciones
tributarias de manera responsable y consciente. Con esto se fundamenta el objetivo
de esta investigación de poner a discusión el deber de los ciudadanos y
principalmente de la academia en desarrollar una cultura tributaria.
Desarrollo
Muchos
hablan de cultura tributaria, pero desde la condición o necesidad de pagar los
impuestos. Otros la enfocan a la definición de tributo y su clasificación
(impuestos, tasas y contribuciones), y la relacionan estrictamente con la
recaudación y cumplimiento de las obligaciones tributarias, a lo resumen en la
denominada cultura tributaria que deben tener contribuyentes. Por ello, para
medir la cultura tributaria, la gran mayoría recurre a las estadísticas
recaudatorias del Servicio de Rentas Internas, que revelan los niveles de
recaudación año tras años, para en base a las cifras de recaudación definir el
nivel de cultura tributaria; de tal suerte, que en ante el bajo nivel de pago o
recaudación de las obligaciones tributarias, se establecen estrategias para
fomentar la cultura tributaria y mantener la economía y democracia de cualquier
sociedad, por lo que definen a la cultura tributaria la conciencia de pagar
tributos.
Todos
los miembros de la sociedad deben conocer que los estados o países deben
recaudar impuestos para que sea posible la atención en la salud pública,
impartir la educación, dotar de servicio de agua, luz, comunicaciones y
construir infraestructura, sea esta, vial, hospitalaria, edificios públicos, y
para ello se debe establecer tributos, como impuestos, tasas y contribuciones.
Que
aquellos tributos deben ser pagados por todos aquellos que tiene una actividad
económica (negocios o empresas) o perciban ingresos o ganancias, sean por la
actividad laboral, profesional o por la transferencia de bienes o servicios, y
las tasas y contribuciones por los servicios que reciban del Estado y los
Municipios.
También
debe conocer la sociedad, que, para poder tener los servicios públicos de
manera permanente, se debe establecer y recaudar tributos a través de leyes y
ordenanzas; y las sociedad o ciudadanía a cambio de esos servicios debe cumplir
con las obligaciones tributarias; pero ello será factible si se emprende con la
educación en todos los niveles de estudios con la enseñanza de los deberes
cívicos de los ciudadanos de hacer que el estado reciba los tributos de todos
sin excepción. Es decir, cada ciudadano tiene la obligación de contribuir al
mantenimiento del Estado.
Ahora
bien, si bien en nuestros días, de acuerdo a las leyes existentes, los tributos
son recaudados con procedimientos coercitivos para el pago de los mismos, como
los plazos límites que impone la ley para declarar y pagar los impuestos, con
la identificación de los ingresos que obtienen las personas físicas o
sociedades o negocios, consistente en el Impuesto a la Renta, y el pago de
aquellos tributos por la transferencia de bienes y servicios como el Impuesto
al Valor Agregado (IVA) y de los Impuestos de Consumos Especiales (ICE).
En
ese contexto, el objetivo de la cultura tributaria debe ser el que, el
ciudadano conozca la importancia del impuesto para el Estado y para los
ciudadanos, para el Estado porque puede solventar los gastos de los servicios
que entrega a la sociedad ,como se indicó, y para los ciudadanos de que los
valores que paga por impuesto se retribuye en los servicios públicos que
recibe, gracias a los impuestos pagados, ya que de no recibir los tributos el
Estado no podrá atender las necesidades y los servicios como salud, educación,
carreteras.
Así
la cultura tributaria, se traslada a la conciencia ciudadana y al sentido común
sobre el pago de impuestos; pero para ello el eje fundamental para lograrlo,
sin temor a equivocarnos, será la educación, que tendrá claramente identificado
el deber ciudadano de pagar impuesto al Estado y el Estado el deber de
retribuir con obras y servicios dichos impuestos, lo cual permitirá que los
ciudadanos vean su deber no como castigo sino como la forma de contribuir a
mejorar su entorno de vida.
De
ahí, que desde el aula de clase el profesor debe estar capacitado para
transmitir a los alumnos que el salario que perciben es pagado por el Estado
gracias a los impuestos de los ciudadanos; así como la construcción de la
escuela, colegio o universidad, y que lo mismo ocurre con los médicos,
enfermera y hospitales o centros de salud, así como los servicios de agua, luz,
internet, las calles, carreteras o caminos por donde transitan, es gracias a
los impuestos. Es con un enfoque explicativo que se debe mostrar que los
servicios públicos que reciben tienen un costo y por lo tanto, docentes y
personal administrativo-directivo deben ser los llamados a generar una cultura
tributaria y conciencia sobre el cuidado y protección de los bienes públicos
(Montana, 2021).
En
lo intrínseco de la tributación en el aula de clases, en la academia y en la
comunidad, tanto para los docentes, alumnos y los miembros de la comunidad,
corresponde trazar objetivos que tenga como fin que el docente y el alumno
conozca y aplique en su vida diaria la cultura tributaria, así como conocer los
deberes y derechos como persona, a través de actividades que les permitan
comprender y valorar la importancia de esos deberes y derechos (Bazán, 2020).
Sin embargo, para lograr sembrar la semilla de la cultura tributaria, no se
debe pretender que en una clase o una actividad práctica será suficiente para
cultivar cultura tributaria, no, aquella hay que sembrarla pero no solo en el
aula, sino en la comunidad, ellos como ciudadanos los primeros llamados a
fomentar esa cultura, entendiendo de donde provienen los recursos para
suministrar los servicios públicos ya referidos; todo lo cual se podrá
transmitir con la práctica del cumplimiento permanente de los deberes
tributarios, como presupuesto de respeto a la ley, responsabilidad ciudadana y
solidad de los contribuyentes, lo cual permitirá el crecimiento no solo del
país sino de la localidad.
Es
decir, la enseñanza o educación, para una cultura tributaria, debe sustentarse
en la formación en valores, compromiso, responsabilidad, solidaridad y respeto
a las normas tributarias, identificando los tributos y de qué forma se
constituye en sujeto tributario para el pago de impuesto.
También
se debe impartir el concepto de ciudadanía, que está vinculado a valores, y que
implica un estado civil en el que confluyen elementos de tipo jurídico,
políticos y morales; elementos que otorgan identidad y pertenencia a los
miembros de la comunidad y están dispuesto a contribuir a ella. Ciudadanía,
que, en el sentido jurídico, equivale al reconocimiento de derechos y deberes,
vinculados a la participación en la esfera pública. A lo que se debe incluir
procesos educativos sistemáticos (escuela) y asistemáticos (socialización de la
familia y la comunidad (Bazán, 2020).
Pero
se debe tener presente, que cuando hablamos de ciudadanía, para fundamentar la
cultura o conciencia tributaria, no es hablar ni mucho menos buscar la
enseñanza sobre un orden social ni creer de una posible transformación
doctrinaria, sino el asumir actitudes propias en su vida diaria frente a los
deberes y derechos como ciudadano para con su país y la comunidad; lo cual
fomentará indirectamente las reglas de convivencia y participación con los
compañeros de aula y los miembros de la comunidad; con el entendido que, pagar
impuestos ayuda al desarrollo de la sociedad y generación de oportunidades en
el país.
Por
ello, un objetivo principal para hablar de cultura tributaria, debe ser, el de
hacer conciencia que la tributación es un deber de cada ciudadano ante la sociedad
para lograr el desarrollo del país, y lograr una actitud tributaria responsable
de cumplir con el deber de contribuir para que el Estado cumpla con sus fines.
¿Quienes pagan los
impuestos?
Se
formula esta interrogante, para de manera didáctica poder plasmar la respuesta,
identificando a quien se le denomina contribuyente, que puede ser persona
física, jurídica, sociedades de hecho y sucesiones indivisas, también se lo
conoce como sujeto pasivo, puesto que el sujeto activo es el estado o las instituciones
titulares del tributo. En este escenario, vale identificar, que deben pagar impuesto,
toda persona que tiene ingresos de fuente ecuatoriana o extrajera o posee
bienes o transfiere bienes o servicios.
En
este escenario, se identifican los sujetos titulares u obligados de los
tributos, que son: sujetos activos y pasivos. Así, el principal sujeto activo
es el Estado Central o Fisco, respecto de los impuestos administrados a través
del Servicio de Rentas Internas y el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador.
Con otras palabras, el sujeto activo del tributo es el ente público acreedor
del tributo, entre ellos el Estado, los Gobiernos Autónomos Descentralizados y
las administraciones de excepción. Mientras el sujeto pasivo del Tributo se da,
según el tipo de tributo (impuesto, tasas y contribuciones).
En
este caso nos referiremos a los impuestos más comunes y que serán más
perceptibles al común de los ciudadanos, entre ellos:
Impuestos sobre el
Consumo
Para
entender cómo se genera el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el mismo se genera
cuando se realiza la compra de un bien o servicio que está gravado con ese
impuesto, cuya tarifa según la ley puede estar gravado con una tarifa 12% o 0%
(Ley de Régimen Tributario Interno, 2004). Por lo que este impuesto se aplica a
toda entrega de bienes corporales, realizadas a título oneroso o lucrativo, en
cualquier etapa de comercialización, sea por personas naturales o sociedades,
ya sea para uso o consumo personal; las prestaciones de servicios importaciones
de bienes muebles, sesiones de derechos o licencias de uso y propiedad
intelectual, derecho de autor y conexos, propiedad industrial, obtenciones
vegetales, así como servicios financieros, incluyendo los servicios digitales
(Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno, 2010).
Los
sujetos pasivos de este tributo se enmarcan en cuatro presupuestos o grupos,
como contribuyente, como agente de percepción y como agente de retención. Así
como contribuyente, es todo consumidor, los importadores, por cuenta propia o
ajena; en calidad de agente de percepción, son las personas naturales y
jurídicas que efectúan habitualmente entregas de bienes gravados, servicios
sujetos al impuesto, servicios digitales (LRTI art. 63 a 3). Como agente de
retención, estos comprenden los contribuyentes calificados por el Servicio de
Rentas Internas, por el IVA que deben pagar por sus adquisiciones a sus
proveedores de bienes y servicios, las empresas emisoras de tarjetas de
créditos por los pagos efectuados y por la adquisición de servicios digitales,
las empresas de seguros y reaseguros por las compras y pagos de bienes y
servicios, las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades, que
importen servicios gravados, las comercializadoras de combustibles sobre IVA
presuntivo en la comercialización; y cuando los prestadores de servicio no se
encuentren registrados y los que establezca el Servicio de Rentas Internas. La
base imponible constituye el valor total del bien o servicio transferido. Con
otras palabras, dicho impuesto se genera en toda transferencia, por ello desde
la academia, cabe abrir el abanico de operaciones que genera este impuesto.
Cabe
puntualizar, que en este impuesto hay bienes como las medicinas, servicios de
salud, ciertos alimentos, cuando están en estado natural sin procesar, que
tiene tarifa cero 0% de impuesto.
Este
impuesto, se verá reflejado en todas las facturas de compras o ventas que se
realice de un bien o servicio gravado con tarifa 12% o 0%, en cualquiera de los
dos casos se debe identificar la tarifa y el impuesto resultante de la
operación.
En
cuanto al Impuesto a la Renta, son sujetos pasivos, las sociedades nacionales o
extrajeras, domiciliadas y no domiciliadas en Ecuador, que obtengan ingresos
gravados, los obligados a llevar contabilidad determinarán el impuesto en base
a los resultados de aquella. Las personas jurídicas residentes en Ecuador están
sujetas al impuesto sobre su renta mundial, mientras las no residentes solo por
las rentas de fuente ecuatorianas. Así mismo, son sujetos pasivos, las personas
físicas (naturales), las sucesiones indivisas nacionales y extranjeras,
domiciliadas o no en Ecuador, pero que obtengan ingresos gravados de acuerdo
con las disposiciones la (Ley de Régimen Tributario Interno, 2004), siempre
que, permanezca 183 días o más en un periodo fiscal o en un lapso de 12 meses,
a menos que acredite residencia en otro país, o que su actividad principal o
interés económico radique en Ecuador, esto es, si la mayor parte de ingreso o
de sus activos este en Ecuador. En el caso de la sociedad conyugal los ingresos
se imputarán por igual a cada uno de los cónyuges, con excepción del
rendimiento del trabajo y actividades profesionales, lo mismo se aplicará a las
uniones de hecho. (Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno, 2010).
En
cuanto a las empresas petroleras, el sujeto pasivo, son las empresas que han
suscrito contratos de servicio con el Ministerio de Recursos no Renovables.
Como
se podrá observar, para establecer este impuesto, se debe identificar los
ingresos y los gastos de la actividad comercial de todo negocio, por lo que del
total de ingreso se restan los gastos, pero si se cumplen con los presupuestos
de la ley, y su resultado constituye la base imponible para aplicar la tarifa
del 25% de impuesto a la renta. Lo cual es aplicable a las personas de la
actividad comercial. Sin embargo, cabe señalar, que en el caso de las personas
cuyos ingresos provengan de las remuneraciones del trabajo, se aplicará según
sus ingresos o la base imponible la tarifa del 5% al 35%, esta última para
aquellos que perciban remuneraciones superiores a ochenta mil dólares.
Lo
cual marca una diferencia clara, entre la tarifa de la actividad comercial con
relación a los ingresos provienen de la actividad en relación de dependencia.
En este caso, cabe mencionar que este procedimiento permite deducir los gastos
relacionados con la actividad comercial, no así a las personas naturales en
relación de dependencia, a más de retenerse el impuesto mensualmente, si supera
la fracción básica, no puede deducirse todos los gastos, sino hasta un máximo 5.000
dólares por gastos de salud, alimentación, salud, vivienda y educación. Todo lo
cual demuestra que el sistema tributario favorece a la actividad comercial,
pero sí lleva contabilidad.
Sobre
los impuestos sobre la propiedad, en este grupo se encuentran, el impuesto a la
herencia, el que se aplica a los incrementos patrimoniales provenientes de
herencias, legados y donaciones derivados por personas naturales y jurídicas
(Ley de Régimen Tributario Interno, 2004), y sus modificaciones), incluyendo
hallazgos y todo tipo de actos o contratos por los que se adquiera el dominio a
título gratuito de bienes y derechos existentes, cualquiera que sea el lugar
del fallecimiento, gravando las transferencia, de bienes y derechos del
causante en el exterior a favor del sucesor residente en el Ecuador.
Son
sujetos pasivos, los herederos, legatarios y donatarios que obtienen un
incremento patrimonial a título gratuito, y se considera responsable del
tributo el albacea, los representantes legales y los tutores y apoderados
(Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno, 2010).
En
el caso del impuesto a la propiedad de vehículos motorizado, sea de uso
particular o de servicio público, son sujetos pasivos de este impuesto los propietarios.
Sin embargo, al transferir o vender el vehículo usado, se aplica el impuesto
del 1% sobre el valor de la venta, y el sujeto pasivo, aunque la ley no
especifica lo ha asumido el que registra el contrato de la transferencia, que
sería el comprador (RLIPVM art. 5-2).
En
cuanto al impuesto a los activos en el exterior, consistente en un impuesto
mensual sobre los fondos e inversiones en el exterior de las entidades
financieras y de créditos, administradoras de fondos y fideicomisos, casas de
valores, empresas de seguros, administradoras, intermediaras y de gestión de
carteras (LRET art. 183), los sujetos pasivos serán estas mismas empresas (LRET
art. 185).
Impuesto
a las tierras rurales, consistente en un impuesto anual, que grava la propiedad
o posesión de inmuebles (LRET art. 173 a 181, RAITR. D. 1092), del que están
obligados al pago en calidad de contribuyente, las personas naturales,
sucesiones indivisas y sociedades, que sean propietarios, o estén en posesión,
de inmuebles.
Impuesto
ambiental a la contaminación vehicular, el cual se establecía en base al
cilindraje del vehículo, con factor de ajuste según el tamaño y antigüedad del
automotor. Este impuesto establecía como sujeto pasivo a las personas
naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras,
propietarias de vehículos motorizados de transporte terrestre. (Ley de Impuesto
Ambiental a la Contaminación Vehicular 2011/LIACV; Reglamento a la Ley de
Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular Decreto No. 987, de 30-12-11
RLIACV).
Sobre
la contribución única temporal, conforme la Ley Orgánica de Simplificación y
progresividad tributaria, de 31 de diciembre de 2019, se establece una
Contribución Única Tributaria con carácter anual, a abonar en tres cuotas
anuales durante los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022, en la que son
sujetos pasivos, las sociedades residentes y no residentes en Ecuador,
incluidos los establecimientos permanentes que realizan actividades económicas
con ingresos gravados iguales o superiores a $ 1.000.000, incluidas aquellas
sujetas al impuesto único de la (LRTI art. 27). En el caso de las empresas
mixtas deben determinar la contribución sobre la cuantía de la participación
privada, no así la porción de la inversión pública, ni las empresas públicas.
También
existen Impuesto Selectivos, que corresponden a la potestad de los Gobiernos
Subnacionales o Gobiernos Autónomos (COOTAD, 2010) y sus modificaciones,
específicamente sobre Impuesto sobre la propiedad, i) Impuesto a los predios
urbanos. Es un impuesto anual, aplicado por los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Municipal, o sea, los municipios, sobre los bienes inmuebles
urbanos. El sujeto pasivo de este impuesto son los propietarios de predios
ubicados dentro de los límites de la zona urbana.
La
base imponible de este impuesto se constituye por el valor catastral del
predio, esto es, el que está registrado en el municipio, el cual se fija por
ordenanza, cuya valoración se basa en los elementos del valor del suelo,
edificaciones, por los servicios que posea (agua potable, alcantarillado etc.),
según el art. 502 COOTAD
Cuando
un propietario tenga varios predios en el mismo municipio, el valor catastral
será acumulado para aplicar la escala progresiva, previa deducción de la
hipoteca del predio (COOTAD art. 505). El gravamen será entre un mínimo de 0,25
por mil y un máximo 0,50 por mil, fijado por ordenanza (art. 504). Si soportan
deuda hipotecaria, pueden pedir deducciones del 20% al 40% del saldo del
capital de la deuda, con máximo 50% del valor de mercado del predio.
En
cuanto a los Impuestos o Recargos adicionales, consistente al impuesto a los
inmuebles no edificados (COOTAD 507), el cual se aplica de forma anual el 2 por
mil (2/1000) que grava el valor del inmueble no edificado, hasta que se realice
la edificación, solo afectará a zona urbanizadas, tampoco afecta a las áreas
ocupadas por parques o jardines adyacentes a los edificados. No están sujetos
al recargo los solares que su avalúo sea inferior a 25 remuneraciones mensuales
unificadas.
Impuesto
a inmuebles no edificados en zonas de Promoción Inmediata (COOTAD 508), están
sujetos a un impuesto anual adicional, según el caso: uno por mil 1/1000,
adicional, sobre el valor imponible de los solares no edificados; 2 por mil
2/1000 adicional, sobre el valor imponible de las propiedades obsoletas. Aunque
la ley prevé exención permanente (art. 509 COOTAD), a las siguientes
propiedades: Predios unifamiliares urbanos marginales con valor hasta 25 RBU;
Los predios de propiedad del Estado y demás entidades del sector público; Los
predios de instituciones de beneficencia o asistencia social privadas, los
edificios y rentas destinados exclusivamente a estas funciones; Los predios de
propiedad de naciones extranjeras u organismos internacionales públicos
destinados a dichas funciones; Los predios declarados de utilidad pública, por
los municipios, sujetos a expropiación; Exención temporal 5 años (art. 510
COOTAD): Posterior a la terminación o al de la adjudicación: Los bienes
amparados por patrimonio familiar, si su valor no sea superior a $ 48.000; Las
viviendas construidas con préstamos del IESS, B Vivienda, Mutualistas y
Cooperativas de vivienda, hasta el límite del crédito para el objeto; Edificios
de vivienda popular y hoteles.
También
se prevé exención temporal de 2 años siguientes a su construcción: Las casas
destinadas a vivienda no contempladas anteriormente, los edificios con fines
industriales. (arts. 511 a 513). La liquidación se hará en base a las
modificaciones del catastro hasta el 31 de diciembre de cada año, determinan el
impuesto para proceder a su cobro a partir de 1 de enero en el año siguiente,
sin necesidad de notificación de la tesorería, y el pago se puede efectuar
desde el 1 de enero, aunque no se hubiere emitido el catastro, en ese caso, el
pago se hará con el catastro del año anterior, entregando un recibo
provisional. El vencimiento será el 31 de diciembre de cada año.
No
obstante, se puede obtener Reducción: En la primera quincena de los meses de
enero a junio, del 10%, 8%, 6%, 4%, y 2%, En la segunda quincena de esos meses,
el descuento es del 9%, 7%, 5%, 3% y 1%. A partir del 1º de julio, el pago está
sujeto a un recargo del 10% del valor a pagar del impuesto.
No
hay que olvidar, que también la ley contempla el Impuesto a los Predios Rurales
(Art. 514 a 521 COOTAD), que se aplica a los bienes rústicos, en el que el
sujeto pasivo del impuesto, los propietarios o poseedores de predios rurales
situados fuera de los límites de las zonas urbanas. Los elementos que integran
la propiedad rural, para efectos de impuesto, son la tierra y las
edificaciones. La valoración de los predios rurales se lleva a cabo por los
municipios mediante ordenanza, con los mismos criterios seguido para el
impuesto predial urbano.
Para
la determinación del impuesto se pueden deducir del valor de los inmuebles rurales,
los gastos e inversiones realizadas para la dotación de servicios básico
(construcción de accesos y vías, mantenimiento de espacios verdes y
conservación de áreas protegidas (COTAD 516). Sin embargo, se contempla,
gravamen, al valor de la propiedad rural se aplica un porcentaje no inferior al
0,25 por mil (0,25/1000) ni superior al 3 por mil (3/1000). Aunque se establece
restricción, cuando hubiere más de un propietario de un predio, pueden
solicitar se haga constar separado el valor de cada proporción de la propiedad.
Se pueden dividir los títulos prorrateado a cada propietario. Que se aplique la
tarifa del impuesto en base al valor proporcional que corresponda. El valor de
las hipotecas se deduce a prorrata del valor del predio (art. 519).
Este
tipo de impuesto tiene deducciones, que se calcula del valor de la propiedad:
El valor de las deudas con plazo mayor a 3 años, para adquisición, mejora o
rehabilitación de predio. El total de la deducción no puede exceder del 50% del
valor de la propiedad. Deducciones temporales, (desastres naturales, pérdidas
de cosecha, etc) previa solicitud. Así mismo, están exentas del pago de IPR las
propiedades: cuyo valor no exceda de 15 RBU, propiedades del Estado y demás
entidades públicas, Las propiedades de asistencia social o educación
particular, cuyas utilidades sea para ese fin.
Así
mismo, las propiedades del gobierno u organismos extranjeros que no constituyan
empresas particulares y no persigan fines de lucro. Las tierras comunitarias de
las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas o
afroecuatorianas: Terreno de bosque primarios o reforesten con plantas nativas
en zonas de vocación forestal, Las tierras de propiedad de misión religiosas de
región amazónica ecuatoriana, que presten servicios de salud y educación, no a
finalidades comerciales o arrendadas, Propiedades explotadas en forma colectiva
pertenecientes al sector de la economía solidaria y utilicen tecnología
agroecológica. Excluye del valor de la propiedad: el valor de las viviendas,
centros de cuidado infantil, instalaciones educativas, hospitales, y
construcciones destinadas a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores
y su familia. El valor de inversiones en obras de conservación o incrementar
producción, canales y embalses para riego y drenaje, puentes, caminos,
instalaciones sanitarias, centros de investigación y capacitación, etc., de
acuerdo con la ley. En este escenario, la liquidación corresponde al órgano
competente por ser una cuestión técnica, pero para ilustrar se realiza el
siguiente detalle: La actualización del catastro y valoración de la propiedad
rural cada bienio. Se debe notificar a los propietarios el nuevo avalúo. El
contribuyente puede recurrir esa valoración (art. 522). El pago puede
efectuarse en dos plazos: hasta el 1ro de marzo y hasta el 1ro de septiembre,
si el pago se efectúa 15 días antes de esas fechas, se reduce el 10% anual.
Sobre
el Impuesto de alcabala (COOTAD 527 a 537), cuyo objeto son los actos jurídicos
relacionados con el traspaso de dominio de bienes inmuebles: Los títulos
traslaticios de dominio onerosos de bienes raíces y de buques, La adquisición
del dominio de bienes inmuebles a través de prescripción adquisitiva de dominio
y de legados a quienes no fueren legitimarios, La constitución o traspaso,
usufructo, uso y habitación, relativos a esos bienes, Las donaciones a favor de
quienes no sean legitimarios, Las transferencias gratuitas y onerosas
realizadas por el fiduciario a favor de los beneficiarios en cumplimiento de
las finalidades del contrato de fideicomiso mercantil.
El
Sujeto pasivo. Las partes beneficiadas en el respectivo contrato, así como los
favorecidos en aquellos actos que se realicen en su exclusivo beneficio (art.
531). Responsables del impuesto, los notarios obligados a comprobar el pago
antes de la escritura, de los traspasos de inmuebles afectados por el impuesto.
En caso de prescripciones adquisitiva de dominio, los jueces deben indicar al
contribuyente el pago del impuesto, antes de ordenar la inscripción de la sentencia
en el registro de la propiedad (considero que debería ser el Registro de la
Propiedad) (art. 537). Base imponible: constituida por el valor del contrato,
en caso de ser inferior al valor del catastro rige este último art. 532. En la
constitución de derechos reales, la base está constituida por el valor de
dichos derechos en la fecha del acto o contrato respectivo.
En
cuanto al gravamen, se aplica el 1% de la base imponible y la deducción
comprende el traspaso de dominio de un mismo inmueble a una o las mismas partes
que intervinieron en el contrato que se repite dentro de los 3 años desde la
fecha del acto o contrato anterior, goza de las siguientes deducciones (art.
533): 40% si ocurre dentro del primer año, 30% si se verifica dentro del
segundo; y 20% si ocurre dentro del tercero. En caso de permuta se causa
únicamente el 75% del impuesto tal, a cargo de uno de los contratantes. Esta
deducción extensiva a las adjudicaciones entre socios y copropietario en
liquidación y partición, refundiciones de herederos o legatarios de bienes
superior a la cuota a la que tiene derecho.
Sin
embargo, la ley contempla exenciones, del pago de Impuesto de alcabala: el
Estado, los municipios y demás organismos públicos, y otros organismos exentos
de todo impuesto, pero pagan los que no gocen de esta exención; Transferencia
de inmuebles destinados a vivienda de interés social, exoneración total; Ventas
de inmuebles en las que sean parte gobiernos extranjeros, siempre que se
destinen al servicio diplomático o consular u otra finalidad pública, en lo que
corresponda; -Adjudicaciones por particiones o por disolución de sociedades;
Las expropiaciones por instituciones del Estado; Los aportes de bienes raíces
realizados por los cónyuges o convivientes a la sociedad conyugal, o sociedades
cooperativas, si no excede de 10 RMU, si excede, la exoneración será el 50% del
tributo; Los aportes de bienes raíces a nuevas sociedades procedentes de la
fusión de sociedades y sobre los bienes que posean las sociedades fusionadas;
Los aportes de bienes raíces para formar o aumentar el capital de sociedades
industriales de capital, solo en la parte que corresponda, la diferencia al
transmitente; las donaciones al Estado y otras instituciones de derecho
público, así como las efectuadas al IESS, y las de derecho privado con fines
sociales o asistencia social, educación y otras autorizadas; Los contratos de
transferencia de dominio y mutuos hipotecarios entre IESS y sus afiliados.
Exoneración
de todo impuesto, tasa o contribución provincial o municipal, incluido el
Impuesto de Plusvalía, las transferencias de dominio de bienes inmuebles
efectuadas con objeto de constituir un fideicomiso mercantil (COOTAD 536)
También
se encuentra los impuestos a los Activos Totales (COOTAD art. 552 a 555), el
cual se aplica sobre el patrimonio neto de las empresas, por parte de los
municipios y distritos municipales, anualmente, denominado Impuesto sobre los
Activos Totales (ISAT) El sujeto pasivo del ISAT. Las personas naturales y
jurídicas, nacionales o extranjeras, domiciliadas o con establecimiento en la
respectiva jurisdicción municipal, que ejerzan permanentemente actividades
económicas y estén obligados a llevar contabilidad, de acuerdo con los
dispuesto en la LRTI y su reglamento. Base imponible. Se determina en base a
los activos totales del año anterior (distintos de los utilizados en la
agricultura y cría de ganado), menos los pasivos computables (es decir, los
pasivos con plazos de hasta un año y pasivos eventuales)
Se
precisa, que si realiza actividades en más de un cantón debe presentar su
declaración del impuesto en el cantón en donde están su domicilio principal,
especificando el porcentaje de los ingresos obtenidos en cada uno de los
cantones donde dispongan de sucursales. En base a esos porcentajes determinan
el valor de impuesto que corresponde a cada municipio. Si el domicilio está en
una jurisdicción distinta al municipio o distrito metropolitano en el que tiene
su domicilio social, el impuesto debe ser abonado en el municipio donde se
encuentra ubicada la planta de producción.
En
este caso, la ley establece exenciones (art. 554) a: El Gobierno central, los
consejos provinciales y regionales, los municipios, los distritos
metropolitanos, las juntas parroquiales, las entidades de derecho público y las
entidades de derecho privado con finalidad social o pública, cuando sus bienes
e ingresos se destinen a sus fines y en la parte que se inviertan a ellos. Las
instituciones asociaciones de carácter privado, de beneficencia o educación,
las corporaciones y fundaciones sin fines de lucro constituidas legalmente,
cuando sus ingresos y bienes se destinen a sus fines e inviertan directamente a
ellos. Las empresas multinacionales y las de economía mixta, en la parte que
corresponda a los aportes del sector público y los respectivos Estados. En las
empresas de economía mixta, el porcentaje accionario determina las partes del
activo total sujeto a tributo. Las personas naturales amparadas por la Ley de
Fomento Artesanal. -Las personas naturales o jurídicas que se dedique a la
actividad agropecuaria, respecto a los activos totales relacionados
directamente con la actividad. Las cooperativas de ahorro y crédito.
En
estos escenarios, la ley no reconocerá exenciones previstas en leyes
especiales, incluidas las consideradas de fomento de determinadas actividades
productivas. Sin embargo, con base en el gravamen, el impuesto se aplica el 1.5
por mil sobre el activo total del año anterior y el periodo financiero corre
desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Se paga hasta 30 días después de la
fecha límite establecida para la declaración de Impuesto a la Renta.
Impuesto
a los Vehículos denominado también impuesto al rodaje. COOTAD art. 538 a 542.
El impuesto a los vehículos es un impuesto municipal anual (también denominado
impuesto de Rodaje), aplicado de acuerdo con las ordenanzas, en base a escalas
progresivos. Los sujetos pasivos, las personas físicas y jurídicas propietarias
de vehículos, son los sujetos pasivos del impuesto a los vehículos (art. 538).
Base imponible, (COOTAD art. 539). La base imponible, está constituida por el
valor del vehículo registrado en el SRI y en los organismos de tránsito
correspondientes. Tabla hasta mil dólares valor 0,00. De 1001, a 4000, $5 de
allí por cada cuatro mil sube 5 dólares hasta 20 mil $25, de ahí se incrementa
de 20.001 a 30 mil $ 30, hasta 40 mil $ 50, de 40.001 en adelante $70. (ver
tabla art. 539). Entre las exenciones se contempla: a los vehículos oficiales
(COOTAD art. 541, del cuerpo diplomático y consular; Organismos internacionales,
aplicando el principio de reciprocidad; La Cruz Roja ecuatoriana, ambulancias y
otros con igual finalidad; Los cuerpos de bomberos, como autobombas, coches,
escala y otros vehículos especiales contra incendio. Vehículos de tránsito no
deben impuesto; Vehículos importados o adquiridos por personas con
discapacidad, según ley de Discapacidades.
Adicionalmente,
la ley contempla Contribuciones Sociales (L N 55-01, Ley de Seguridad Social).
Por lo que los empleadores y empleados abonarán contribuciones a la seguridad
social, del 11,15% y 9,45% respectivamente, sobre los salarios mensuales
mínimos, según las categorías revisadas anualmente. En este caso, la
remuneración no puede ser inferior al SBU del trabajador en general, para 2021,
400, 2022 $ 425 y 2023 $ 450. (Acuerdo Ministerial MDT 2020-249). Se aplica
régimen voluntario a las personas físicas autónomas, del 20,50% de 1/12 partes
de las ganancias brutas del año, del impuesto sobre la renta, o del salario
mínimo.
Facultades
de la administración tributaria, la misma se regula conforme el Código
Tributario, la Ley de Régimen Tributario Interno y la Ley de Creación del
Servicio de Rentas Internas. En las que se delimitan, entre otras facultades,
la de efectuar la determinación, recaudación y control de los tributos internos
del Estado; Conocer y resolver las peticiones, reclamos, recursos y absolver
las consultas, de conformidad con la Ley; Imponer sanciones de conformidad con
la Ley; solicitar a los contribuyentes o a quien los represente cualquier tipo
de documentación o información vinculada con la determinación de sus
obligaciones tributarias, conforme con la Ley. Precisando que el ejercicio de
la facultad reglamentaria se delimita, porque ningún reglamento podrá modificar
o alterar el sentido de la ley ni crear obligaciones impositivas o establecer
exenciones no previstas en ella. Debiendo también, las atribuciones
(determinación y regulación) de cada organismo, contenidas en los reglamentos
orgánico-funcional y en los manuales correspondientes (Art. 64 C. Tributario).
En
cambio, la administración tributaria seccional, comprende los Gobiernos
Autónomos Descentralizados, quienes ejercen la dirección de esta administración
tributaria, las Prefecturas en el ámbito provincial, los Municipios en el
ámbito cantonal, quienes ejercerán sus competencias mediante direcciones u
órganos administrativos que la ley respectiva determine (Art. 65 C. Tributario
y COOTAD).
Por
otro lado, encontramos a las administraciones tributarias de excepción,
aquellas que ejercen la facultad o gestión tributaria por entidades públicas,
excepto la Administración Central y Seccional), a quienes la ley expresamente
concede la gestión tributaria respecto de sus propios tributos. (Art. 66 C.
Tributario). Entre estas entidades se identifican: la Dirección General de
Aviación Civil, la cual por mandato de la Ley de Aviación Civil puede cobrar
directamente los tributos establecidos en dicha Ley. Las Universidades, las
Superintendencias, etc.
No
obstante, lo señalado en líneas que antecede, la norma prevé exenciones
tributarias. Doctrinariamente, la exención es la liberación de impuestos o
gravámenes que excusa al sujeto pasivo obligado del cumplimiento de la
correspondiente obligación tributaria. La liberación puede ser total o parcial.
En el primer caso, exime por completo del tributo respectivo, y en el segundo,
solo de la parte a la que alcanza la liberación, subsistiendo en el resto la
obligación de pagar.
Conforme
lo dispone el Código Tributario, la exención o exoneración tributaria es la
exclusión o la dispensa legal de la obligación tributaria, establecida por
razones de orden público, económico o social (Art. 31 C. Tributario).
Por
sus características, las exenciones tributarias son en principio de carácter
general. Sin embargo, existe la posibilidad de que existan exenciones
especiales, las cuales se deben a ciertas circunstancias particulares, como
pueden ser, por ejemplo, el que los actos o contratos que originan la
obligación tributaria se ejecuten con el fin de realizar la prestación de un
servicio público o una obra benéfica, las relaciones internacionales con países
amigos, la intención de incentivar o desalentar tal o cual actividad económica,
la necesidad de dar un trato preferencial a ciertos sectores sociales, etc.
En
todos estos casos, si bien hay un hecho generador, la obligación tributaria no
llega a configurarse, debido a que así lo ha previsto la ley.
Conforme
lo mencionado en párrafos anteriores, para la existencia de un tributo se
requiere que una ley lo cree, de la misma manera para que pueda darse una
exención tributaria, es indispensable que una ley en forma expresa especifique
los requisitos que deben reunir sus beneficiarios, los impuestos a los que se
refiere, así como si la exención es total o parcial, permanente o temporal
(Art. 32 C. Tributario).
Así
mismo, solo mediante una ley posterior se podrá derogar una exención, salvo en
un caso: cuando la exención haya sido concedida por un plazo determinado. En
este caso, no podrá ser derogada por una ley posterior, sino que subsistirá
hasta la expiración de dicho plazo (Art. 34 C Tributario).
La
exención solo comprenderá los tributos que estuvieren vigentes a la fecha de
expedición de la ley; por lo tanto, no se extenderá a los tributos que se
instituyan con posterioridad a ella, salvo disposición expresa (contenida en
una ley) en contrario (Art. 33 C Tributario).
Como
vemos, la facultad tanto de establecer como de exonerar del pago de tributos,
corresponde únicamente al Estado, mediante ley (principio de legalidad) (Art.
301 CRE).
Cabe
precisar, en este contexto, que, respecto de las Exenciones Generales, las
exenciones particulares se expresan en la ley del respectivo impuesto; pero el
Código Tributario en forma general exonera (sólo del pago de impuestos, más no
de tasas y de contribuciones especiales) a las entidades públicas, entidades
privadas sin fines de lucro, organismos internaciones y empresas
multinacionales. Sin embargo, estas exenciones generales no son aplicables al
impuesto al valor agregado (IVA) y al impuesto a los consumos especiales (ICE)
(Art. 35 C. Tributario).
Otras
exenciones encontramos en la Ley de Ancianos, que establece que toda persona
mayor de 65 años con ingresos mensuales estimados en un máximo de cinco
remuneraciones básicas unificadas o que tuviera un patrimonio que no exceda de
quinientas remuneraciones básicas unificadas, estará exonerada del pago de toda
clase de impuestos fiscales y municipales, sin que se requiera declaración
administrativa previa, provincial o municipal. Sin embargo, si la renta o
patrimonio excede de las cantidades señaladas, los impuestos únicamente se
pagarán por la diferencia o excedente (Art. 14 Ley del Anciano). También, el
Reglamento para la aplicación de los Beneficios Tributarios a favor del Anciano
correspondientes a Impuestos Fiscales, establece ventajas o rebajas o
beneficios en el impuesto a la renta entre otros: Rebaja un monto equivalente
al doble de la fracción básica exenta del pago del impuesto a la renta, según
el artículo 36 de esta Ley (Art. 9, núm. 12 LORTI), y la devolución de Pago en
Exceso, por el impuesto a los vehículos, en un monto equivalente al doble de la
fracción básica exenta del pago del impuesto a la renta. (Art. 36 LORTI),
devolución del impuesto al valor agregado.
Conclusiones
Se
concluye que, la cultura tributaria se debe desarrollarse en todo el proceso
enseñanza aprendizaje, porque es esencial para el buen funcionamiento de
cualquier sociedad, pero no es suficiente por sí sola; debe ir de la mano con
la recaudación efectiva y eficiente de impuestos, la transparencia en el uso de
los fondos fiscales y la rendición de cuentas del Estado. La implementación de
estas medidas podría fomentar una mayor cultura tributaria y, a su vez, un
desarrollo sostenible y equitativo de la sociedad.
Por
lo que, la cultura tributaria, debe enfocarse a que los ciudadanos conozcan los
deberes y derechos, incluyendo los beneficios tributarios que la ley reconoce
como las exenciones, y no solo fomentar el pago por parte la administración
tributaria, con la capacitación desde la escuela a que se debe exigir el
comprobante de venta en toda transacción, y este acto retribuirlo con un
porcentaje del impuesto pagado a favor de quien exige el comprobante de venta,
estimulará no solo al pago del impuesto, sino a que se exija al expendedor
emitir comprobante de venta y declarar el tributo cobrado.
Solo
cuando se reconozca beneficios a todos los consumidores por el impuesto pagado
y declarado, se podrá mejorar la recaudación tributaria, y será la academia la
primera llamada a generar una cultura tributaria.
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